Organización del Estado, Administración General del Estado, Organización Territorial, Unión Europea y Gobierno Abierto (Bloque I AGE C1/C2)

Síntesis rigurosa por objetivos del Bloque I de los programas de ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar (C2, Temas 1 a 6 y 8 a 10) y en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1, Temas 1 a 6 y 8 a 11) según la convocatoria BOE-A-2025-26262, actualizada a noviembre de 2026.

Qué debes dominar en el examen

• Distinguir los valores superiores (art. 1.1 CE), los principios del art. 9.3 CE, los tres niveles de garantía del art. 53 CE y los procedimientos de reforma constitucional (arts. 167 y 168 CE).
• Precisar el estatuto de la Corona (sucesión, regencia, tutela, juramento del art. 61 CE y refrendo), la composición del Congreso y del Senado (incluida la reforma del art. 69.3 CE de mayo de 2026) y el régimen del Defensor del Pueblo (LO 3/1981).
• Diferenciar la composición y funciones del Tribunal Constitucional (LOTC), del CGPJ y de la planta judicial (LOPJ tras los Tribunales de Instancia).
• Dominar el Gobierno (Ley 50/1997) y la organización central, periférica y exterior de la AGE (Ley 40/2015 y Ley 2/2014): órganos superiores y directivos, requisitos de nombramiento y rangos.
• Analizar la distribución competencial Estado-CCAA (arts. 148-150 CE), la tipología y competencias de las entidades locales (Ley 7/1985 LRBRL) y el sistema institucional y normativo de la Unión Europea (TUE y TFUE).
• Relacionar los principios del Gobierno Abierto, los Planes de Acción en España y la gobernanza de la Agenda 2030 (17 ODS y 169 metas).

1. Arquitectura constitucional, garantías de los derechos, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo

La Constitución Española de 1978 (CE) estructura sus 169 artículos en un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1 a 9) y diez Títulos numerados, además de 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. El art. 1.1 configura un Estado social y democrático de Derecho fundado en cuatro valores superiores (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), mientras que el art. 9.3 garantiza siete principios aplicativos: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

Nivel de protección (art. 53 CE)	Ámbito en el Título I	Garantías normativas y jurisdiccionales	Reforma constitucional aplicable
Nivel máximo (art. 53.2 CE)	Igualdad (art. 14), Sección 1.ª Cap. II (arts. 15–29) y objeción de conciencia (art. 30.2, solo amparo)	Vinculación directa, reserva de Ley Orgánica (arts. 15–29, art. 81 CE), procedimiento judicial preferente y sumario y Recurso de Amparo ante el TC	Reforma agravada (art. 168 CE) para la Sección 1.ª Cap. II (arts. 15–29); ordinaria (art. 167 CE) para arts. 14 y 30.2
Nivel medio (art. 53.1 CE)	Sección 2.ª Cap. II (arts. 30–38)	Vinculación directa a todos los poderes públicos, reserva de ley ordinaria, respeto al contenido esencial y control de constitucionalidad	Reforma ordinaria (art. 167 CE)
Nivel básico (art. 53.3 CE)	Capítulo III: Principios rectores (arts. 39–52, incluido el art. 49 reformado en 2024)	Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación pública; solo alegables ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen	Reforma ordinaria (art. 167 CE)

La suspensión general de derechos (art. 55.1 CE) solo procede en los estados de excepción o de sitio (art. 116 CE y LO 4/1981: nunca en el estado de alarma, que solo permite limitar la circulación o requisar bienes temporalmente), afectando como máximo a los arts. 17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a/d, 20.5, 21, 28.2 y 37.2 CE (en el estado de excepción se excluye el art. 17.3 sobre información de derechos al detenido y asistencia letrada, que solo es suspendible en estado de sitio). La suspensión individual (art. 55.2 CE), mediante ley orgánica y con intervención judicial y control parlamentario para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, se circunscribe a tres preceptos: plazo máximo de detención preventiva (art. 17.2), inviolabilidad del domicilio (art. 18.2) y secreto de las comunicaciones (art. 18.3).

El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159–165 CE y LO 2/1979 LOTC) se compone de 12 magistrados nombrados por el Rey por 9 años (renovados por tercios cada 3 años): 4 a propuesta del Congreso (3/5), 4 del Senado (3/5), 2 del Gobierno y 2 del CGPJ. Su Presidente es nombrado entre sus miembros por el Rey a propuesta del Pleno por 3 años renovables una sola vez. Conoce del recurso de inconstitucionalidad (plazo general de 3 meses desde la publicación de la norma con rango de ley, ampliable a 9 meses entre el Estado y las CCAA si se convoca la Comisión Bilateral de Cooperación; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y ejecutivos o asambleas autonómicas), de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces o tribunales, del recurso de amparo y de los conflictos de competencia.

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981) es el alto comisionado de las Cortes Generales designado para defender los derechos del Título I supervisando la actividad de la Administración. Es elegido por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5 de cada Cámara por un mandato de 5 años, está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, y las quejas ante él deben presentarse firmadas en el plazo máximo de 1 año desde que se conocieron los hechos.

2. La Corona, las Cortes Generales y el Poder Judicial

En el Título II (arts. 56–65 CE), el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Al ser proclamado ante las Cortes Generales (art. 61.1 CE), el Rey jura desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el Príncipe heredero (al alcanzar la mayoría de edad) y el Regente o Regentes (al asumir sus funciones) prestan ese mismo juramento y añaden el de fidelidad al Rey (art. 61.2 CE). La Regencia (art. 59 CE) procede por minoría de edad o inhabilitación reconocida por las Cortes y exige ser español y mayor de edad; la tutela del Rey menor (art. 60 CE) puede ser testamentaria (español de nacimiento y mayor de edad), legítima (padre o madre viudos) o dativa/parlamentaria, sin poder acumularse con la Regencia salvo en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. Sus actos son refrendados (art. 64 CE) por el Presidente del Gobierno, los Ministros competentes o el Presidente del Congreso (este último en la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y en la disolución automática del art. 99.5 CE), salvo el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa y la distribución de la dotación presupuestaria global de su Familia y Casa (art. 65.2 CE).

Las Cortes Generales (Título III, arts. 66–96 CE) son bicamerales:

• Congreso de los Diputados (art. 68 CE y art. 162 LOREG): entre 300 y 400 diputados en la CE; la LOREG fija 350 diputados: 100 por mínimo inicial provincial (2 por cada una de las 50 provincias), 248 por reparto proporcional según población mediante la regla D'Hondt con barrera del 3 % de votos válidos por circunscripción (348 provinciales en total), más 1 diputado por Ceuta y 1 diputado por Melilla.
• Senado (art. 69 CE y art. 165 LOREG): cámara de representación territorial que combina senadores de elección directa mediante sistema mayoritario de listas abiertas (4 por provincia peninsular = 188; 3 en cada isla mayor —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— = 9; 1 en las islas menores —Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, La Palma e Ibiza-Formentera, si bien la Reforma del art. 69.3 CE de 19 de mayo de 2026, BOE-A-2026-10881, asigna 1 senador a Ibiza y 1 a Formentera con eficacia pospuesta a las primeras elecciones al Senado tras su entrada en vigor—; y 2 por Ceuta y 2 por Melilla = 208 electos directos actuales) y senadores designados por las Asambleas autonómicas (1 fijo por CA y otro más por cada millón de habitantes).

El Poder Judicial (Título VI, arts. 117–127 CE y LO 6/1985 LOPJ) se gobierna por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 Vocales nombrados por el Rey por 5 años (12 entre Jueces y Magistrados y 8 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, elegidos por mitad por Congreso y Senado por mayoría de 3/5). La planta judicial se estructura territorialmente en municipios, partidos, provincias y CCAA, con implantación de los Tribunales de Instancia colegiados, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo (5 Salas: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar).

3. El Gobierno y la Administración General del Estado (Ley 50/1997, Ley 40/2015 y Ley 2/2014)

El Gobierno (Título IV CE y Ley 50/1997) se compone del Presidente, del o de los Vicepresidentes (órgano potestativo) y de los Ministros. Su investidura (art. 99 CE) exige mayoría absoluta del Congreso en primera votación o mayoría simple 48 horas después; si transcurren 2 meses desde la primera votación sin investidura, el Rey disuelve ambas Cámaras con refrendo del Presidente del Congreso. La cuestión de confianza (art. 112 CE) la plantea el Presidente previa deliberación del Consejo de Ministros y se otorga por mayoría simple; la moción de censura (art. 113 CE) debe ser propuesta por al menos 1/10 de los Diputados (35), incluir un candidato alternativo, votarse transcurridos al menos 5 días desde su presentación y aprobarse por mayoría absoluta del Congreso.

En la Administración General del Estado (Título I de la Ley 40/2015, LRJSP) resulta decisivo distinguir la jerarquía, norma de creación y requisitos de nombramiento de sus órganos centrales, territoriales y exteriores:

Órgano de la AGE	Clasificación y Rango (arts. 55 y 70 Ley 40/2015)	Norma de creación/supresión (arts. 57 y 59)	Nombramiento y requisito de funcionario A1
Ministros	Órgano Superior (Jefe del Departamento)	Real Decreto del Presidente del Gobierno	Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno; no exige ser funcionario
Secretarios de Estado	Órgano Superior	Real Decreto del Presidente del Gobierno	RD del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente o Ministro; no exige ser funcionario
Subsecretarios	Órgano Directivo (rango de Subsecretario)	RD del Consejo de Ministros	RD del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro; exige ser funcionario de carrera A1 (art. 63.3)
Secretarios Generales	Órgano Directivo (rango de Subsecretario, carácter excepcional)	RD del Consejo de Ministros	RD del Consejo de Ministros; no exige ser funcionario A1 (cualificación y experiencia, art. 64.2)
Secretarios Generales Técnicos	Órgano Directivo (rango de Director General, bajo el Subsecretario)	RD del Consejo de Ministros	RD del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro; exige ser funcionario de carrera A1 (art. 65.3)
Directores Generales	Órgano Directivo (rango de Director General)	RD del Consejo de Ministros	RD del Consejo de Ministros; exige ser funcionario A1 salvo excepción motivada en el RD de estructura (art. 66.2)
Subdirectores Generales	Órgano Directivo (nivel de Subdirector General)	RD del Consejo de Ministros (inferiores: por Orden ministerial)	Por Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario por libre designación; exige ser funcionario A1 (art. 67.2)
Delegados del Gobierno en las CCAA	Órgano Directivo territorial (rango de Subsecretario)	Previsión constitucional (art. 154 CE) y Ley 40/2015	RD del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno; no exige ser funcionario A1 (art. 72.3)
Subdelegados del Gobierno / Directores Insulares	Órgano Directivo territorial (nivel de Subdirector General)	Ley 40/2015 (en CCAA uniprovinciales o islas por RD)	Por el Delegado del Gobierno mediante libre designación; exige ser funcionario de carrera A1 (arts. 70 y 74)

En el Servicio Exterior del Estado (Ley 2/2014, de 25 de marzo), la Acción Exterior se rige por el principio de unidad de acción en el exterior: el Embajador (Jefe de la Misión Diplomática Permanente o Representación Permanente) dirige la misión y coordina a todas las Consejerías, Agregadurías, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Oficinas Consulares e Institutos Cervantes en el Estado receptor.

4. Organización Territorial del Estado: Comunidades Autónomas y Administración Local

El Título VIII de la Constitución (arts. 137–158 CE) articula la autonomía de municipios, provincias y Comunidades Autónomas bajo el principio de solidaridad (art. 138 CE). El reparto competencial combina las listas de los arts. 148 y 149 CE con las tres cláusulas de cierre del art. 149.3 CE (atribución estatutaria de materias no reservadas al Estado, cláusula residual y de prevalencia a favor del Estado en lo no atribuido a la exclusiva competencia autonómica, y supletoriedad general del Derecho estatal) y las técnicas extraestatutarias del art. 150 CE: leyes marco (150.1, ley ordinaria), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, ley ordinaria previa apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de ambas Cámaras).

En la Administración Local (Ley 7/1985, LRBRL), el art. 3.1 distingue tres entidades locales territoriales necesarias (el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario, dotadas de las potestades del art. 4.1 LRBRL) y el art. 3.2 prevé otras entidades locales potestativas (Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios). En el Municipio son órganos necesarios en todo Ayuntamiento el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno, más la Comisión Especial de Cuentas (art. 20.1 LRBRL); la Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes. Los servicios municipales obligatorios del art. 26.1 LRBRL se escalonan en cuatro tramos: en todos los municipios (alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación); en >5.000 habitantes (parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos); en >20.000 habitantes (protección civil, atención a situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas); y en >50.000 habitantes (transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano).

5. La Unión Europea, el Gobierno Abierto y la Agenda 2030

El sistema institucional de la Unión Europea (art. 13.1 TUE) comprende siete instituciones cuyo diseño y reglas de votación deben diferenciarse con precisión:

Institución de la UE (art. 13.1 TUE)	Sede principal	Composición y Mandato	Función esencial y regla de decisión
Parlamento Europeo (art. 14 TUE)	Estrasburgo (plenos), Bruselas (comisiones) y Luxemburgo (Secretaría)	Máximo 750 más Presidente (720 eurodiputados en 2024–2029; 61 de España). Mandato: 5 años por sufragio directo	Colegislador con el Consejo (procedimiento legislativo ordinario art. 294 TFUE), autoridad presupuestaria y control político de la Comisión (moción de censura por 2/3 de votos emitidos y mayoría de miembros)
Consejo Europeo (art. 15 TUE)	Bruselas	Jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados, su Presidente (2,5 años renovable una vez) y el Presidente de la Comisión	Impulso político y prioridades generales. No ejerce función legislativa. Decide por consenso salvo previsión de los Tratados
El Consejo / Consejo de la UE (art. 16 TUE)	Bruselas (abril, junio y octubre en Luxemburgo)	1 representante de rango ministerial por cada Estado miembro en 10 formaciones; presidencia rotatoria semestral (salvo Exteriores: Alto Representante)	Colegislador y presupuestario con el Parlamento. Regla general: mayoría cualificada de doble mayoría (55 % de Estados —mín. 15— que representen al menos el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos 4 Estados con >35 % de población)
Comisión Europea (art. 17 TUE)	Bruselas (servicios en Luxemburgo)	1 comisario por Estado miembro (27, incluidos su Presidente y el Alto Representante). Mandato: 5 años	Promueve el interés general, cuasimonopolio de la iniciativa legislativa, guardiana de los Tratados, ejecución presupuestaria y representación exterior
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) (art. 19 TUE)	Luxemburgo	Tribunal de Justicia (1 juez por Estado —27— y 11 Abogados Generales) y Tribunal General (2 jueces por Estado —54—). Mandato: 6 años renovables	Garantiza el respeto del Derecho de la UE (recurso por incumplimiento, recurso de anulación en plazo de 2 meses y cuestión prejudicial art. 267 TFUE)
Banco Central Europeo (BCE) y Tribunal de Cuentas	Fráncfort del Meno (BCE) y Luxemburgo (Tribunal de Cuentas)	BCE: Comité Ejecutivo (Presidente y 5 miembros por 8 años no renovables) + Gobernadores nacionales. Tribunal de Cuentas: 1 miembro por Estado por 6 años	BCE: política monetaria de la eurozona y estabilidad de precios. Tribunal de Cuentas: fiscalización de ingresos y gastos de la Unión

En el Derecho derivado vinculante (art. 288 TFUE), el reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro; la directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios (requiere transposición en plazo); y la decisión es obligatoria en todos sus elementos (para todos o para sus destinatarios designados), mientras que las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes.

Finalmente, el Gobierno Abierto (Tema 6 del Bloque I en C1 y C2) se fundamenta en tres principios informadores: transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación abierta. España participa desde 2011 en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) a través de sus Planes de Acción de Gobierno Abierto (con el Foro de Gobierno Abierto como órgano paritario entre las AAPP y la sociedad civil). En paralelo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (Resolución de 25 de septiembre de 2015) despliega 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas en torno a las «5 P» (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas), articulándose su gobernanza estatal mediante tres órganos colegiados: la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y el Consejo de Desarrollo Sostenible.

Recuerdo activo rápido (bloques clave del temario oficial)

Responde mentalmente antes de desplegar cada tarjeta de verificación normativa:

1. ¿Qué actos del Rey están exentos de refrendo según el artículo 65.2 CE y quién refrenda los demás según el artículo 64 CE?

Respuesta y fundamento

Están exentos el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa y la distribución de la cantidad global que recibe de los PGE para el sostenimiento de su Familia y Casa (art. 65.2 CE). Los demás actos son refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, salvo la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 CE, que refrenda el Presidente del Congreso (art. 64.1 CE).

2. ¿Cómo se compone la Diputación Permanente de cada Cámara y hasta cuándo ejerce sus funciones según el artículo 78 CE?

Respuesta y fundamento

Está presidida por el Presidente de la Cámara respectiva e integrada por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica (art. 78.1 CE). Vela por los poderes de la Cámara cuando no está reunida y, expirado el mandato o en caso de disolución, sigue ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales, dando cuenta de los asuntos tratados (art. 78.3–4 CE).

3. ¿Qué diferencia establece el artículo 82 CE entre las dos modalidades de delegación legislativa para dictar Reales Decretos Legislativos?

Respuesta y fundamento

Debe otorgarse mediante una Ley de Bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados (sin poder autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo, art. 83 CE), o bien mediante una Ley Ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos (art. 82.2 y 82.5 CE).

4. ¿Cuál es la composición de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y qué límite decisorio tiene según el artículo 8 de la Ley 50/1997?

Respuesta y fundamento

Está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos ministeriales (asistiendo también el Abogado General del Estado y quienes sean convocados), presidida por un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, por el Ministro de la Presidencia. Examina todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, pero en ningún caso podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno (art. 8.3 Ley 50/1997).

5. ¿Cómo se distingue el Sector Público Institucional estatal en el artículo 84 de la Ley 40/2015 y qué tres tipos de Organismos Públicos estatales existen?

Respuesta y fundamento

Dentro del sector público institucional estatal (art. 84.1 Ley 40/2015), los Organismos Públicos vinculados o dependientes de la AGE se clasifican en tres categorías con personalidad jurídico-pública propia (art. 88–108 bis Ley 40/2015): 1) Organismos Autónomos (fomento, prestación o gestión de servicios públicos en régimen de Derecho administrativo); 2) Entidades Públicas Empresariales (prestación de bienes o servicios susceptibles de contraprestación, rigiéndose por Derecho privado salvo en formación de voluntad y potestades administrativas); y 3) Agencias Estatales (reintroducidas por la Ley 11/2020).

6. ¿Qué diferencia existe entre el principio de Efecto Directo y el principio de Primacía del Derecho de la Unión Europea?

Respuesta y fundamento

El efecto directo (STJUE Van Gend en Loos, 1963) permite a los particulares invocar directamente ante los jueces nacionales las disposiciones del Derecho de la UE que sean claras, precisas e incondicionales (incluso directivas no transpuestas en plazo en sentido vertical ascendente frente al Estado). La primacía (STJUE Costa c. ENEL, 1964 y Simmenthal, 1978) implica que toda norma de la UE prevalece sobre cualquier norma nacional contradictoria, obligando al juez nacional a inaplicar por su propia autoridad la norma interna incompatible sin esperar a su derogación o declaración de inconstitucionalidad.

7. ¿Qué cuatro órganos ejercen el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas según el artículo 153 CE?

Respuesta y fundamento

a) El Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; b) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre el ejercicio de funciones delegadas del art. 150.2 CE; c) La jurisdicción contencioso-administrativa, sobre la administración autonómica y sus normas reglamentarias; y d) El Tribunal de Cuentas, el control económico y presupuestario.

8. ¿A qué municipios se aplica el régimen de organización de los Municipios de Gran Población del Título X de la LRBRL (art. 121)?

Respuesta y fundamento

a) Municipios con población superior a 250.000 habitantes; b) Municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes; c) Municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, cuando así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos; y d) Municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales y así lo decidan las Asambleas Legislativas a iniciativa de sus Ayuntamientos.

Práctica original (20 preguntas tipo test y supuestos con penalización)

Resuelve las siguientes 20 preguntas antes de consultar las respuestas razonadas:

Pregunta 1

Al asumir sus funciones ante las Cortes Generales conforme al artículo 61 de la Constitución Española, ¿en qué se diferencia el juramento del Príncipe heredero o del Regente respecto del juramento que presta el Rey al ser proclamado?

• A. El Rey jura fidelidad a la soberanía nacional, mientras que el Príncipe heredero y el Regente juran respetar los derechos de las Comunidades Autónomas.
• B. El Rey jura desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el Príncipe heredero y el Regente prestan el mismo juramento y añaden el de fidelidad al Rey.
• C. El Príncipe heredero solo presta juramento al ser proclamado Rey, estando exento al alcanzar la mayoría de edad.
• D. El Regente presta juramento ante el Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional, no ante las Cortes Generales.

Pregunta 2

De acuerdo con el artículo 68.2 de la Constitución y el artículo 162 de la LOREG, ¿cómo se distribuyen los 350 Diputados que integran el Congreso de los Diputados?

• A. 100 por mínimo inicial provincial (2 por cada una de las 50 provincias), 248 por reparto proporcional según la población provincial, más 1 diputado por Ceuta y 1 diputado por Melilla.
• B. 150 por mínimo inicial provincial (3 por cada provincia), 196 por reparto proporcional y 2 diputados por Ceuta y 2 por Melilla.
• C. 346 diputados provinciales repartidos exclusivamente por población sin mínimo inicial y 2 por Ceuta y 2 por Melilla.
• D. 100 por mínimo inicial provincial, 246 por reparto proporcional y 2 diputados por Ceuta y 2 por Melilla.

Pregunta 3

Según el artículo 69.3 de la Constitución Española tras la reforma constitucional de mayo de 2026 (BOE-A-2026-10881), ¿cuántos Senadores de elección directa corresponden a las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y qué prevé la reforma sobre Ibiza y Formentera?

• A. Cuatro senadores a cada isla mayor y dos a la agrupación Ibiza-Formentera de forma permanente.
• B. Tres senadores a cada una de las tres islas mayores y uno a cada una de las islas menores (pasando Ibiza y Formentera a elegir un senador cada una a partir de las primeras elecciones al Senado que se celebren tras la entrada en vigor de la reforma).
• C. Dos senadores a cada isla mayor y uno a cada isla menor, aplicándose de inmediato sin esperar a nuevas elecciones.
• D. Tres senadores a cada isla mayor y tres a cada isla menor.

Pregunta 4

¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales puede ser objeto de suspensión individual mediante ley orgánica para personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas según el artículo 55.2 de la Constitución?

• A. El derecho de reunión pacífica y sin armas del artículo 21 CE.
• B. El derecho a ser informado de forma inmediata de las razones de la detención y a la asistencia de abogado del artículo 17.3 CE.
• C. El plazo máximo de detención preventiva de 72 horas (art. 17.2 CE), la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).
• D. La libertad de cátedra y el derecho a la huelga del artículo 28.2 CE.

Pregunta 5

Un ciudadano desea presentar una queja ante el Defensor del Pueblo por una actuación administrativa cuyos hechos conoció hace 14 meses. Según la Ley Orgánica 3/1981, ¿qué ocurrirá con su queja?

• A. Será admitida a trámite siempre que vaya firmada por abogado y procurador.
• B. Será rechazada porque el plazo máximo para presentar quejas es de un año contado desde que el ciudadano tuvo conocimiento de los hechos.
• C. Será admitida y suspenderá automáticamente los plazos de recurso administrativo contra el acto.
• D. Solo será admitida si la presenta de forma anónima a través de sede electrónica.

Pregunta 6

En relación con el Recurso de Inconstitucionalidad regulado en el artículo 162.1.a) de la Constitución y el artículo 33 de la LOTC, ¿quiénes están legitimados para interponerlo y en qué supuesto se amplía el plazo de 3 a 9 meses?

• A. Están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los ejecutivos y asambleas de las CCAA; el plazo se amplía a 9 meses para el Presidente del Gobierno y los ejecutivos autonómicos cuando se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación y se comunique al TC dentro de los 3 primeros meses.
• B. Están legitimados 35 Diputados, el Fiscal General del Estado y cualquier Ayuntamiento; el plazo es siempre de 6 meses improrrogables.
• C. Cualquier juez o tribunal está legitimado para interponer el recurso directo de inconstitucionalidad en el plazo de 9 meses.
• D. El CGPJ y el Tribunal de Cuentas están legitimados para interponerlo en el plazo de 3 meses.

Pregunta 7

Si se propone una reforma parcial de la Constitución que afecte al artículo 14 (igualdad ante la ley) o al artículo 49 (personas con discapacidad), ¿por qué procedimiento debe tramitarse según los artículos 167 y 168 de la Constitución?

• A. Por el procedimiento agravado del artículo 168 CE, con disolución inmediata de las Cortes y referéndum obligatorio.
• B. Por el procedimiento ordinario del artículo 167 CE, porque el artículo 168 CE solo reserva en el Título I a la Sección 1.ª del Capítulo II (artículos 15 a 29), además del Título Preliminar, el Título II y la revisión total.
• C. Mediante Ley Orgánica aprobada por mayoría absoluta del Congreso sin intervención del Senado.
• D. Por Real Decreto-ley ratificado por el Tribunal Constitucional.

Pregunta 8

Según el artículo 64 de la Constitución Española, ¿quién refrenda el Real Decreto por el que el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones cuando transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso (art. 99.5 CE)?

• A. El Presidente del Gobierno en funciones.
• B. El Presidente del Congreso de los Diputados.
• C. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
• D. No requiere refrendo por tratarse de un acto debido del Jefe del Estado.

Pregunta 9

Durante el periodo en que el Gobierno se encuentra en funciones conforme al artículo 21 de la Ley 50/1997, ¿cuál de las siguientes actuaciones tiene legalmente prohibida?

• A. Atender el despacho ordinario de los asuntos públicos.
• B. Dictar decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditados.
• C. Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado o presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado.
• D. Ejercer las delegaciones legislativas que no hayan quedado en suspenso por estar ya agotándose el plazo.

Pregunta 10

Un Ministerio necesita crear una nueva Subsecretaría, una Dirección General y una Subdirección General, y además desea crear un Servicio y una Sección inferiores a Subdirección General. Según el artículo 59 de la Ley 40/2015, ¿mediante qué instrumentos normativos se crean?

• A. Todos ellos mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
• B. La Subsecretaría, la Dirección General y la Subdirección General por Real Decreto del Consejo de Ministros; los órganos inferiores a Subdirección General por Orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro competente en Función Pública; y las unidades que no tengan consideración de órganos, a través de las RPT.
• C. La Subsecretaría por Ley ordinaria y las Direcciones y Subdirecciones Generales por Orden Ministerial.
• D. Todos los órganos directivos se crean directamente mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).

Pregunta 11

De acuerdo con los artículos 63 a 74 de la Ley 40/2015, ¿para cuál de los siguientes órganos directivos de la AGE NO exige la ley que su titular sea necesariamente funcionario de carrera del Subgrupo A1 en todo caso?

• A. El Subsecretario del Ministerio y el Secretario General Técnico.
• B. El Subdirector General y el Subdelegado del Gobierno en la provincia.
• C. El Secretario General (con categoría de Subsecretario), el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma y, cuando el Real Decreto de estructura del Departamento lo permita motivadamente, el Director General.
• D. El Director Insular de la Administración General del Estado.

Pregunta 12

¿Cuál es el rango orgánico y la dependencia de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas según el artículo 72 de la Ley 40/2015?

• A. Son órganos superiores con rango de Secretario de Estado y dependen exclusivamente del Ministerio del Interior.
• B. Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
• C. Son órganos directivos con rango de Director General nombrados por el Presidente de la Comunidad Autónoma.
• D. Son órganos con nivel de Subdirector General elegidos por libre designación entre funcionarios A1.

Pregunta 13

Según la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, ¿quién ostenta la jefatura y coordinación de todas las Consejerías, Agregadurías, Oficinas Económicas y Comerciales y Oficinas Consulares de España en un Estado receptor bajo el principio de unidad de acción en el exterior?

• A. El Subsecretario del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
• B. El Jefe de la Misión Diplomática Permanente (Embajador).
• C. El Delegado del Gobierno en Madrid.
• D. El Director del Instituto Cervantes del país respectivo.

Pregunta 14

En materia de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ¿qué diferencia existe entre una Ley Orgánica de Transferencia o Delegación (art. 150.2 CE) y una Ley de Armonización (art. 150.3 CE)?

• A. La del art. 150.2 es una ley ordinaria y la del art. 150.3 es una ley orgánica que requiere referéndum.
• B. La del art. 150.2 es una ley orgánica que transfiere o delega facultades de titularidad estatal susceptibles de transferencia con medios financieros; la del art. 150.3 es una ley ordinaria que fija principios para armonizar disposiciones normativas de las CCAA, exigiendo que ambas Cámaras aprecien previamente esa necesidad por mayoría absoluta de cada una.
• C. Ambas se aprueban por Real Decreto Legislativo del Consejo de Ministros previo informe del Tribunal de Cuentas.
• D. Las leyes de armonización solo requieren mayoría simple en una sesión conjunta de las Cortes.

Pregunta 15

Conforme al artículo 26.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL), un municipio que cuenta con una población de 22.000 habitantes está obligado a prestar, además de los servicios mínimos comunes a todos los municipios y a los de más de 5.000 habitantes, ¿cuáles de los siguientes servicios?

• A. Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
• B. Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
• C. Únicamente parque público y biblioteca pública.
• D. Hospital comarcal y universidad popular.

Pregunta 16

Según el artículo 27 de la Ley 7/1985 (LRBRL), cuando el Estado o una Comunidad Autónoma delega competencias en un Municipio, ¿qué duración mínima y qué garantías financieras exige la ley?

• A. La delegación no puede ser inferior a 5 años, requiere la aceptación del Municipio y debe ir acompañada en todo caso de la dotación o el incremento de medios financieros suficientes para desempeñarla sin mayor gasto para las AAPP.
• B. Tiene una duración máxima de 1 año y es de aceptación forzosa sin financiación específica.
• C. Solo puede otorgarse a municipios de gran población por un plazo de 2 años.
• D. Se financia íntegramente mediante un recargo municipal obligatorio en el IRPF.

Pregunta 17

En el sistema institucional de la Unión Europea (artículos 15 y 16 del TUE), ¿qué diferencia fundamental existe entre el Consejo Europeo y el Consejo (Consejo de la Unión Europea)?

• A. El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno, define las orientaciones y prioridades políticas generales y NO ejerce función legislativa alguna; el Consejo reúne a representantes de cada Estado de rango ministerial por materias y ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la presupuestaria.
• B. El Consejo Europeo tiene su sede en Estrasburgo y aprueba las directivas en solitario, mientras que el Consejo es un órgano del Consejo de Europa ajeno a la UE.
• C. Ambos órganos tienen idéntica composición y son presididos de forma vitalicia por el Presidente de la Comisión Europea.
• D. El Consejo Europeo está formado por los eurodiputados y el Consejo por los jueces del TJUE.

Pregunta 18

Cuando el Consejo de la Unión Europea vota por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión conforme al artículo 16.4 del TUE, ¿qué doble requisito debe cumplirse para adoptar el acto y cómo se configura la minoría de bloqueo?

• A. El 50 % de los Estados miembros y el 50 % del PIB europeo, bastando 2 Estados para bloquear.
• B. Al menos el 55 % de los miembros del Consejo (con un mínimo de 15 Estados) que representen a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión; la minoría de bloqueo debe incluir al menos a 4 miembros del Consejo que representen más del 35 % de la población.
• C. Dos tercios de los Estados miembros con independencia de su población.
• D. Unanimidad de los 27 Estados miembros salvo abstención de la Comisión.

Pregunta 19

Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ¿qué acto jurídico de la Unión tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro sin necesidad de norma nacional de transposición?

• A. La Directiva.
• B. El Reglamento.
• C. El Dictamen motivado.
• D. La Recomendación del Consejo Europeo.

Pregunta 20

En el marco del tema de Gobierno Abierto y Agenda 2030 del Bloque I (C1 y C2), ¿cuáles son los tres principios informadores del Gobierno Abierto y qué tres órganos colegiados articulan la gobernanza de la Agenda 2030 en España?

• A. Principios de jerarquía, secreto y eficacia; órganos: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y CGPJ.
• B. Principios de transparencia (y rendición de cuentas), participación ciudadana y colaboración; y en la Agenda 2030: la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 y el Consejo de Desarrollo Sostenible.
• C. Principios de supletoriedad, prevalencia y autonomía; órganos: el Senado, la FEMP y el Defensor del Pueblo.
• D. Principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y morosidad cero; órganos: AIReF, IGAE y Banco de España.

Respuestas razonadas

Pregunta 1: B

• A y C. Invierten u omiten el mandato del artículo 61.1 y 61.2 CE: tanto el Rey al ser proclamado como el Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad y el Regente al hacerse cargo de sus funciones prestan juramento ante las Cortes Generales.
• B. Es exacta conforme al artículo 61.1 y 61.2 CE: el Rey ya jura respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el Príncipe heredero y el Regente prestan ese mismo juramento y añaden el de fidelidad al Rey.
• D. El juramento se presta siempre ante las Cortes Generales (art. 61 CE).

Pregunta 2: A

• A. Aplica con exactitud el artículo 68.2 CE (que asigna un diputado a Ceuta y uno a Melilla) y el artículo 162 LOREG (100 por mínimo inicial de 2 por provincia + 248 proporcionales = 348 provinciales + 1 Ceuta + 1 Melilla = 350 diputados).
• B, C y D. Atribuyen erróneamente dos diputados a Ceuta y Melilla o alteran el mínimo inicial de dos diputados por provincia fijado en el artículo 162.2 de la LOREG.

Pregunta 3: B

• B. Recoge con exactitud el artículo 69.3 CE y la Reforma constitucional de 19 de mayo de 2026 (publicada el 20/05/2026, BOE-A-2026-10881), cuya disposición transitoria única pospone la eficacia de las circunscripciones separadas de Ibiza y Formentera hasta las primeras elecciones al Senado que se celebren tras su entrada en vigor.
• A, C y D. Contradicen la asignación constitucional de 3 senadores a las islas mayores y 1 a las menores, así como la regla transitoria de la reforma de 2026.

Pregunta 4: C

• C. Son los tres únicos apartados autorizados taxativamente para la suspensión individual en el artículo 55.2 CE.
• A, B y D. Los artículos 21 y 28.2 CE solo admiten suspensión general en estado de excepción o sitio (art. 55.1 CE), y el artículo 17.3 CE solo es suspendible en estado de sitio.

Pregunta 5: B

• B. Conforme al artículo 15.1 de la Ley Orgánica 3/1981, toda queja debe presentarse en el plazo máximo de un año contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos.
• A, C y D. El procedimiento ante el Defensor del Pueblo es gratuito, no requiere abogado ni procurador, prohíbe las quejas anónimas y no interrumpe ni suspende por sí solo los plazos de recursos administrativos o judiciales.

Pregunta 6: A

• A. Sintetiza exactamente la legitimación del artículo 162.1.a) CE y la ampliación de plazo de 3 a 9 meses del artículo 33.2 de la LOTC cuando interviene la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
• B, C y D. Confunden la legitimación del recurso directo con la moción de censura (35 diputados) o con la cuestión de inconstitucionalidad (órganos judiciales, art. 163 CE).

Pregunta 7: B

• B. El artículo 168.1 CE limita el procedimiento agravado en el Título I a la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29 CE). Tanto el artículo 14 como el artículo 49 CE (cuya reforma de febrero de 2024 se tramitó precisamente por el artículo 167 CE) siguen el procedimiento ordinario de mayoría de 3/5.
• A, C y D. Confunden el ámbito material del artículo 168 CE o vulneran la rigidez constitucional del Título X.

Pregunta 8: B

• B. El artículo 64.1 CE atribuye expresamente al Presidente del Congreso de los Diputados el refrendo de la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y de la disolución prevista en el artículo 99 CE.
• A, C y D. El Presidente en funciones no puede proponer la disolución (art. 21.4 Ley 50/1997) ni le corresponde refrendar la disolución automática del artículo 99.5 CE; además, todo acto del Rey fuera del artículo 65.2 CE requiere refrendo (art. 56.3 CE).

Pregunta 9: C

• C. El artículo 21.5 de la Ley 50/1997 prohíbe expresamente al Gobierno en funciones aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado.
• A, B y D. El despacho ordinario es su cometido propio (art. 21.3), y las delegaciones legislativas solo quedan en suspenso mientras el Gobierno está en funciones cuando hayan sido otorgadas durante ese periodo o según el art. 21.6.

Pregunta 10: B

• B. Distingue con exactitud los tres escalones del artículo 59.1, 59.2 y 59.3 de la Ley 40/2015.
• A, C y D. El Real Decreto del Presidente del Gobierno se reserva para Ministerios y Secretarías de Estado (art. 57.3 Ley 40/2015), y las RPT crean unidades administrativas sin rango de órgano (art. 56 y 59.3).

Pregunta 11: C

• C. El Secretario General no exige ser funcionario A1 (art. 64.2 Ley 40/2015), el Delegado del Gobierno tampoco (art. 72.3), y el Director General admite excepción motivada en el Real Decreto de estructura (art. 66.2).
• A, B y D. Todos ellos exigen sin excepción ser funcionarios de carrera del Subgrupo A1 (arts. 63.3, 65.3, 67.2, 70 y 74 de la Ley 40/2015).

Pregunta 12: B

• B. Así lo establece literalmente el artículo 72.1 y 72.3 de la Ley 40/2015.
• A, C y D. Confunden su rango de Subsecretario con el de Secretario de Estado, Director General o Subdirector General.

Pregunta 13: B

• B. Conforme a los artículos 42 a 44 de la Ley 2/2014, el Embajador dirige la Misión Diplomática Permanente y coordina todas las unidades del Servicio Exterior en el Estado receptor bajo el principio de unidad de acción en el exterior.
• A, C y D. Ninguno de estos órganos ostenta la jefatura de la Misión Diplomática en el exterior.

Pregunta 14: B

• B. Recoge con exactitud la distinción formal y material entre el artículo 150.2 CE (ley orgánica de transferencia o delegación) y el artículo 150.3 CE (ley ordinaria de armonización precedida de apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de ambas Cámaras).
• A, C y D. Invierten el rango de ley orgánica y ley ordinaria o alteran las mayorías del artículo 150 CE.

Pregunta 15: B

• B. Corresponde exactamente al escalón de municipios con población superior a 20.000 habitantes del artículo 26.1.c) de la LRBRL.
• A, C y D. La opción A exige más de 50.000 habitantes (art. 26.1.d LRBRL); la opción C corresponde al tramo de más de 5.000 habitantes (art. 26.1.b); y la opción D no forma parte del artículo 26.1 LRBRL.

Pregunta 16: A

• A. Aplica íntegramente los requisitos del artículo 27.1, 27.5 y 27.6 de la LRBRL tras la reforma de racionalización y sostenibilidad local.
• B, C y D. Contradicen la duración mínima de 5 años, la necesaria aceptación municipal y la garantía de suficiencia financiera del artículo 27 LRBRL.

Pregunta 17: A

• A. Refleja con precisión la distinción entre el artículo 15 del TUE (Consejo Europeo: impulso político sin función legislativa) y el artículo 16 del TUE (el Consejo: ministros por formaciones, colegislador y presupuestario junto al Parlamento Europeo).
• B, C y D. Confunden las instituciones de la UE o las mezclan con el Consejo de Europa.

Pregunta 18: B

• B. Es la regla de la doble mayoría establecida en el artículo 16.4 del TUE (55 % de Estados —mínimo 15— y 65 % de la población de la Unión, con minoría de bloqueo de al menos 4 Estados que superen el 35 % de la población).
• A, C y D. Alteran los porcentajes o el número mínimo de Estados para la mayoría cualificada y la minoría de bloqueo.

Pregunta 19: B

• B. Conforme al artículo 288 del TFUE, el reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro.
• A, C y D. La directiva obliga en cuanto al resultado y requiere transposición nacional, mientras que los dictámenes y recomendaciones no son vinculantes.

Pregunta 20: B

• B. Identifica los tres pilares del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración) y la triple estructura de gobernanza de la Agenda 2030 en España (Comisión Delegada del Gobierno, Conferencia Sectorial y Consejo de Desarrollo Sostenible).
• A, C y D. Enumeran principios u órganos correspondientes a otros bloques normativos.