¿Para qué cinco actuaciones exigen las Administraciones Públicas de modo obligatorio el uso de firma a los interesados según el artículo 11.2 de la Ley 39/2015?

Formular solicitudes; presentar declaraciones responsables o comunicaciones; interponer recursos; desistir de acciones; y renunciar a derechos. Con carácter general, para las demás actuaciones basta acreditar previamente la identidad mediante los medios previstos en la ley (art. 11.1).

¿Qué deberes y límites de colaboración establece el artículo 18 de la Ley 39/2015? ¿Fija un plazo general?

Rige la ley aplicable y, a falta de previsión expresa, deben facilitarse los informes, inspecciones y actos de investigación necesarios para las competencias administrativas. Se protegen el honor, la intimidad y los datos confidenciales de terceros conocidos por diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los interesados deben aportar datos que identifiquen a otros no comparecidos. El artículo no fija un plazo general; la entrada en domicilio remite al art. 100.

¿Qué extremos debe hacer constar toda citación de comparecencia según el artículo 19.2 de la Ley 39/2015?

En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Además, las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite (art. 19.3).

¿Qué entidades integran el sector público según el artículo 2.1 de la Ley 39/2015 y cuáles de ellas tienen la consideración de Administraciones Públicas (Art. 2.3)?

El sector público comprende AGE, Administraciones autonómicas, entidades locales y sector público institucional. Son Administraciones Públicas las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes (art. 2.3). Las entidades privadas vinculadas o dependientes quedan sujetas a las normas que las mencionen y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; las universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta ley (art. 2.2).

¿Cuáles son los tres supuestos en los que se considera a un sujeto «interesado» en el procedimiento administrativo según el artículo 4.1 de la Ley 39/2015?

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

¿Cuándo es transmisible la condición de interesado según el artículo 4.3 de la Ley 39/2015?

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

¿Qué regla lingüística establece el artículo 15.1 de la Ley 39/2015 para los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado en Comunidades Autónomas con lengua cooficial?

La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será el castellano. No obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella, tramitándose el procedimiento en la lengua elegida por el interesado (si concurren varios interesados y hay discrepancia, se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos).

¿Para qué cinco actuaciones exige el artículo 5.3 de la Ley 39/2015 acreditar la representación, y qué se presume para los actos de mero trámite?

Deberá acreditarse la representación para: 1) formular solicitudes, 2) presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 3) interponer recursos, 4) desistir de acciones y 5) renunciar a derechos en nombre de otra persona. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

Según el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, ¿qué diferencia existe entre el titular de un derecho afectado (letra b) y el titular de un interés legítimo afectado que no inició el procedimiento (letra c)?

El art. 4.1.b reconoce al titular de derechos que puedan resultar afectados la condición de interesado sin exigir que se persone. En el supuesto de la letra c, el titular de intereses legítimos debe personarse antes de la resolución definitiva. La comunicación a nuevos interesados del art. 8 procede con sus requisitos: procedimiento sin publicidad, identificación que resulte del expediente y posible afectación por la resolución.

¿Qué establece el artículo 17 de la Ley 39/2015 sobre el archivo electrónico único de documentos?

Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, conservándose en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.

¿Qué exige el artículo 8 de la Ley 39/2015 al advertirse nuevos titulares de derechos o intereses legítimos y directos durante la instrucción?

Si el procedimiento no tuvo publicidad, su identificación resulta del expediente y pueden verse afectados por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

¿Qué exige el artículo 17.2 de la Ley 39/2015 para eliminar documentos electrónicos archivados?

La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

¿Con quién se entenderán las actuaciones cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados según el artículo 7 de la Ley 39/2015?

Se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

¿Qué lugares de presentación enumera el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la obligación electrónica y de los regímenes especiales?

Registros electrónicos de los sujetos del art. 2.1; oficinas de Correos en la forma reglamentaria; representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero; oficinas de asistencia en materia de registros; y otros lugares previstos por las disposiciones vigentes. Deben respetarse la obligación electrónica del art. 14 y las formas especiales de presentación del art. 16.8.

¿Cuáles son las tres categorías de poderes que pueden inscribirse en los registros electrónicos de apoderamientos según el artículo 6.4 de la Ley 39/2015?

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración; b) un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u organismo concreto; y c) un poder únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

¿Qué exige el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 sobre la interoperabilidad de los registros electrónicos de todas las Administraciones Públicas?

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

¿Qué obligación sobre las oficinas de asistencia en materia de registros establece el artículo 16.7 de la Ley 39/2015? ¿Fija una periodicidad?

Las Administraciones deben publicar y mantener actualizada la relación de oficinas que asisten en la presentación electrónica de documentos. Ese apartado no fija una periodicidad concreta ni exige por sí mismo un directorio geográfico de proximidad.

¿Qué categorías tienen capacidad de obrar según la redacción del artículo 3 de la Ley 39/2015?

Personas físicas o jurídicas con capacidad conforme a las normas civiles; menores para los derechos e intereses que puedan ejercer sin asistencia; y, cuando una ley lo declare expresamente, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos. El art. 3.b conserva literalmente la salvedad de los «menores incapacitados» cuando la extensión de la incapacitación afecte a esos derechos o intereses; esa terminología no sustituye el régimen civil vigente de capacidad y apoyos.

¿Pueden las Administraciones establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse electrónicamente para determinados colectivos de personas físicas (Art. 14.3 Ley 39/2015)?

Sí, reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según su artículo 1.1?

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

¿Qué sistemas pueden utilizar los interesados para identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas según el artículo 9.2 de la Ley 39/2015?

Certificados cualificados de firma o de sello expedidos por prestadores de la Lista de confianza, y otros sistemas admitidos conforme al art. 9.2.c. Estos últimos requieren registro previo que garantice la identidad, comunicación acompañada de declaración responsable y que transcurran dos meses desde la comunicación antes de su eficacia jurídica, con el control previsto en ese apartado. Debe seguir siendo posible usar alguno de los sistemas de las letras a) o b) en todo procedimiento.

¿Cómo pueden realizar la identificación o firma electrónica los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente que carezcan de medios electrónicos según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015?

Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello, siendo necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso, de lo que deberá quedar constancia.

¿Qué derechos reconoce el artículo 13 de la Ley 39/2015 a las personas con capacidad de obrar en sus relaciones con la Administración?

Entre otros: comunicación mediante un Punto de Acceso General electrónico, asistencia electrónica, uso de lenguas oficiales y acceso a información, archivos y registros en los términos legales, trato respetuoso, exigencia de responsabilidades cuando proceda, medios de identificación y firma, y protección de datos. No requieren por sí mismos ser interesado en un procedimiento concreto; se añaden a los derechos del art. 53.

¿En qué casos debe la Administración Pública instructora traducir al castellano documentos, expedientes o partes de los mismos según el artículo 15.3 de la Ley 39/2015?

Debe traducir los documentos, expedientes o partes que hayan de surtir efectos fuera de la comunidad autónoma, salvo que vayan a otra donde sea cooficial la misma lengua distinta del castellano. También debe traducir los documentos dirigidos a interesados que lo soliciten expresamente; no se exige una discrepancia lingüística.

¿Cuál es la validez máxima de los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos y de sus prórrogas según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015?

El poder inscrito tiene una duración determinada de hasta cinco años desde su inscripción. El poderdante puede revocarlo o prorrogarlo antes de que venza; cada prórroga tiene también una duración máxima de cinco años desde su inscripción.

¿Quiénes son responsables directos de la tramitación de los asuntos y de adoptar las medidas oportunas para remover obstáculos según el artículo 20.1 de la Ley 39/2015?

Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos.

¿Qué obligación tienen las oficinas de asistencia en materia de registros cuando un interesado no obligado a relacionarse electrónicamente presenta documentos en papel (Art. 16.5 Ley 39/2015)?

Deben digitalizarlos conforme al art. 27 y a la normativa aplicable para incorporarlos al expediente electrónico, y devolver los originales. Se exceptúan los supuestos de custodia administrativa exigida por una norma y la presentación obligatoria de objetos o documentos en soporte específico no susceptible de digitalización.

¿Cuándo es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas según el artículo 19.1 de la Ley 39/2015?

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

¿Cómo pueden las personas físicas no obligadas elegir o modificar el medio (electrónico o no) para comunicarse con las Administraciones Públicas según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015?

Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y podrán cambiar el medio elegido en cualquier momento.

¿Cómo puede acreditarse la representación ante la Administración según el artículo 5.4 de la Ley 39/2015?

Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entendiéndose acreditada en particular la realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

¿Qué cinco colectivos están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015?

Personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; profesionales de colegiación obligatoria en actuaciones de su actividad (incluidos notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); representantes de interesados obligados; y empleados públicos en actuaciones por razón de esa condición, en la forma que determine reglamentariamente cada Administración.

¿Qué plazo concede el artículo 5.6 de la Ley 39/2015 para subsanar la falta o insuficiencia de acreditación de la representación?

Diez días, computados como hábiles conforme a la regla general del art. 30.2, o un plazo superior si las circunstancias lo requieren. Si se aporta la acreditación o se subsana dentro del plazo concedido, la falta o insuficiencia inicial no impide tener por realizado el acto.

Interesados, Capacidad de Obrar, Identificación y Firma Electrónica (Ley 39/2015 PACAP)

32 tarjetas sobre los arts. 1–20 de la Ley 39/2015: ámbito, interesados, representación, identificación, firma, registros y relaciones con la Administración. Fundamentos comunes; el programa exigible depende de cada convocatoria.

Level: basic
Languages: es → es
Cards: 32
Markdown: Interesados, Capacidad de Obrar, Identificación y Firma Electrónica (Ley 39/2015 PACAP) (.md)

Flashcards (32)

#	Front (Term / Question)	Back (Definition / Answer)
1	¿Para qué cinco actuaciones exigen las Administraciones Públicas de modo obligatorio el uso de firma a los interesados según el artículo 11.2 de la Ley 39/2015?	Formular solicitudes; presentar declaraciones responsables o comunicaciones; interponer recursos; desistir de acciones; y renunciar a derechos. Con carácter general, para las demás actuaciones basta acreditar previamente la identidad mediante los medios previstos en la ley (art. 11.1).
2	¿Qué deberes y límites de colaboración establece el artículo 18 de la Ley 39/2015? ¿Fija un plazo general?	Rige la ley aplicable y, a falta de previsión expresa, deben facilitarse los informes, inspecciones y actos de investigación necesarios para las competencias administrativas. Se protegen el honor, la intimidad y los datos confidenciales de terceros conocidos por diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los interesados deben aportar datos que identifiquen a otros no comparecidos. El artículo no fija un plazo general; la entrada en domicilio remite al art. 100.
3	¿Qué extremos debe hacer constar toda citación de comparecencia según el artículo 19.2 de la Ley 39/2015?	En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Además, las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite (art. 19.3).
4	¿Qué entidades integran el sector público según el artículo 2.1 de la Ley 39/2015 y cuáles de ellas tienen la consideración de Administraciones Públicas (Art. 2.3)?	El sector público comprende AGE, Administraciones autonómicas, entidades locales y sector público institucional. Son Administraciones Públicas las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes (art. 2.3). Las entidades privadas vinculadas o dependientes quedan sujetas a las normas que las mencionen y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; las universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta ley (art. 2.2).
5	¿Cuáles son los tres supuestos en los que se considera a un sujeto «interesado» en el procedimiento administrativo según el artículo 4.1 de la Ley 39/2015?	a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
6	¿Cuándo es transmisible la condición de interesado según el artículo 4.3 de la Ley 39/2015?	Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
7	¿Qué regla lingüística establece el artículo 15.1 de la Ley 39/2015 para los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado en Comunidades Autónomas con lengua cooficial?	La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será el castellano. No obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella, tramitándose el procedimiento en la lengua elegida por el interesado (si concurren varios interesados y hay discrepancia, se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos).
8	¿Para qué cinco actuaciones exige el artículo 5.3 de la Ley 39/2015 acreditar la representación, y qué se presume para los actos de mero trámite?	Deberá acreditarse la representación para: 1) formular solicitudes, 2) presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 3) interponer recursos, 4) desistir de acciones y 5) renunciar a derechos en nombre de otra persona. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
9	Según el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, ¿qué diferencia existe entre el titular de un derecho afectado (letra b) y el titular de un interés legítimo afectado que no inició el procedimiento (letra c)?	El art. 4.1.b reconoce al titular de derechos que puedan resultar afectados la condición de interesado sin exigir que se persone. En el supuesto de la letra c, el titular de intereses legítimos debe personarse antes de la resolución definitiva. La comunicación a nuevos interesados del art. 8 procede con sus requisitos: procedimiento sin publicidad, identificación que resulte del expediente y posible afectación por la resolución.
10	¿Qué establece el artículo 17 de la Ley 39/2015 sobre el archivo electrónico único de documentos?	Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, conservándose en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
11	¿Qué exige el artículo 8 de la Ley 39/2015 al advertirse nuevos titulares de derechos o intereses legítimos y directos durante la instrucción?	Si el procedimiento no tuvo publicidad, su identificación resulta del expediente y pueden verse afectados por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.
12	¿Qué exige el artículo 17.2 de la Ley 39/2015 para eliminar documentos electrónicos archivados?	La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
13	¿Con quién se entenderán las actuaciones cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados según el artículo 7 de la Ley 39/2015?	Se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.
14	¿Qué lugares de presentación enumera el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la obligación electrónica y de los regímenes especiales?	Registros electrónicos de los sujetos del art. 2.1; oficinas de Correos en la forma reglamentaria; representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero; oficinas de asistencia en materia de registros; y otros lugares previstos por las disposiciones vigentes. Deben respetarse la obligación electrónica del art. 14 y las formas especiales de presentación del art. 16.8.
15	¿Cuáles son las tres categorías de poderes que pueden inscribirse en los registros electrónicos de apoderamientos según el artículo 6.4 de la Ley 39/2015?	a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración; b) un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u organismo concreto; y c) un poder únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
16	¿Qué exige el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 sobre la interoperabilidad de los registros electrónicos de todas las Administraciones Públicas?	Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
17	¿Qué obligación sobre las oficinas de asistencia en materia de registros establece el artículo 16.7 de la Ley 39/2015? ¿Fija una periodicidad?	Las Administraciones deben publicar y mantener actualizada la relación de oficinas que asisten en la presentación electrónica de documentos. Ese apartado no fija una periodicidad concreta ni exige por sí mismo un directorio geográfico de proximidad.
18	¿Qué categorías tienen capacidad de obrar según la redacción del artículo 3 de la Ley 39/2015?	Personas físicas o jurídicas con capacidad conforme a las normas civiles; menores para los derechos e intereses que puedan ejercer sin asistencia; y, cuando una ley lo declare expresamente, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos. El art. 3.b conserva literalmente la salvedad de los «menores incapacitados» cuando la extensión de la incapacitación afecte a esos derechos o intereses; esa terminología no sustituye el régimen civil vigente de capacidad y apoyos.
19	¿Pueden las Administraciones establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse electrónicamente para determinados colectivos de personas físicas (Art. 14.3 Ley 39/2015)?	Sí, reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
20	¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según su artículo 1.1?	Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
21	¿Qué sistemas pueden utilizar los interesados para identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas según el artículo 9.2 de la Ley 39/2015?	Certificados cualificados de firma o de sello expedidos por prestadores de la Lista de confianza, y otros sistemas admitidos conforme al art. 9.2.c. Estos últimos requieren registro previo que garantice la identidad, comunicación acompañada de declaración responsable y que transcurran dos meses desde la comunicación antes de su eficacia jurídica, con el control previsto en ese apartado. Debe seguir siendo posible usar alguno de los sistemas de las letras a) o b) en todo procedimiento.
22	¿Cómo pueden realizar la identificación o firma electrónica los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente que carezcan de medios electrónicos según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015?	Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello, siendo necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso, de lo que deberá quedar constancia.
23	¿Qué derechos reconoce el artículo 13 de la Ley 39/2015 a las personas con capacidad de obrar en sus relaciones con la Administración?	Entre otros: comunicación mediante un Punto de Acceso General electrónico, asistencia electrónica, uso de lenguas oficiales y acceso a información, archivos y registros en los términos legales, trato respetuoso, exigencia de responsabilidades cuando proceda, medios de identificación y firma, y protección de datos. No requieren por sí mismos ser interesado en un procedimiento concreto; se añaden a los derechos del art. 53.
24	¿En qué casos debe la Administración Pública instructora traducir al castellano documentos, expedientes o partes de los mismos según el artículo 15.3 de la Ley 39/2015?	Debe traducir los documentos, expedientes o partes que hayan de surtir efectos fuera de la comunidad autónoma, salvo que vayan a otra donde sea cooficial la misma lengua distinta del castellano. También debe traducir los documentos dirigidos a interesados que lo soliciten expresamente; no se exige una discrepancia lingüística.
25	¿Cuál es la validez máxima de los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos y de sus prórrogas según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015?	El poder inscrito tiene una duración determinada de hasta cinco años desde su inscripción. El poderdante puede revocarlo o prorrogarlo antes de que venza; cada prórroga tiene también una duración máxima de cinco años desde su inscripción.
26	¿Quiénes son responsables directos de la tramitación de los asuntos y de adoptar las medidas oportunas para remover obstáculos según el artículo 20.1 de la Ley 39/2015?	Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos.
27	¿Qué obligación tienen las oficinas de asistencia en materia de registros cuando un interesado no obligado a relacionarse electrónicamente presenta documentos en papel (Art. 16.5 Ley 39/2015)?	Deben digitalizarlos conforme al art. 27 y a la normativa aplicable para incorporarlos al expediente electrónico, y devolver los originales. Se exceptúan los supuestos de custodia administrativa exigida por una norma y la presentación obligatoria de objetos o documentos en soporte específico no susceptible de digitalización.
28	¿Cuándo es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas según el artículo 19.1 de la Ley 39/2015?	La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
29	¿Cómo pueden las personas físicas no obligadas elegir o modificar el medio (electrónico o no) para comunicarse con las Administraciones Públicas según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015?	Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y podrán cambiar el medio elegido en cualquier momento.
30	¿Cómo puede acreditarse la representación ante la Administración según el artículo 5.4 de la Ley 39/2015?	Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entendiéndose acreditada en particular la realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
31	¿Qué cinco colectivos están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015?	Personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; profesionales de colegiación obligatoria en actuaciones de su actividad (incluidos notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); representantes de interesados obligados; y empleados públicos en actuaciones por razón de esa condición, en la forma que determine reglamentariamente cada Administración.
32	¿Qué plazo concede el artículo 5.6 de la Ley 39/2015 para subsanar la falta o insuficiencia de acreditación de la representación?	Diez días, computados como hábiles conforme a la regla general del art. 30.2, o un plazo superior si las circunstancias lo requieren. Si se aporta la acreditación o se subsana dentro del plazo concedido, la falta o insuficiencia inicial no impide tener por realizado el acto.